Chapuza, mentira y traición

Juan Torres López  - Ganas de escribir  - http://juantorreslopez.com

Publicado en Sistema Digital el 12 de abril de 2012

A nadie le puede extrañar que el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, saliera por la puerta del garaje del
Senado para no tener que dar cuentas a los medios de comunicación de las últimas medidas económicas que ha adoptado y concretamente del recorte adicional de 10.000 millones de euros en educación y sanidad. No extraña porque hasta el truhán más descarado sentiría vergüenza si tuviera que justificar una chapuza tan grande, una mentira tan evidente y una traición a los intereses de la Nación tan cobarde.
Es una chapuza monumental que una semana después de haber presentado los Presupuestos Generales del
Estado, y después de haber negado por la mañana que se iría en esa dirección (por no hablar de las promesas que se lanzaban cuando se trataba de criticar al anterior gobierno) se anuncie un gigantesco recorte
presupuestario adicional en sanidad y educación.
Si hubieran transcurrido unos meses quizá se podría argumentar que se trata de un cambio de coyuntura, de una necesidad adicional, pero ¿cómo justificar una rectificación tan grande cuando casi se puede contar en horas el tiempo transcurrido desde la presentación de las cuentas del Estado? ¿Cómo puede seguir en su puesto sin morirse de la vergüenza y dimitir un Ministro de Hacienda que ha preparado nada más y nada menos que los Presupuestos Generales del Estado con semejante falta de perspectiva y de rigor? ¿Qué se puede esperar de un Ejecutivo que actúa con una estrategia tan errada, con una percepción tan alicorta de las necesidades de la economía y la sociedad española? ¿Cómo se puede sostener un Gobierno que de una semana a otra considera que la educación y la sanidad española necesitan 10.000 millones de euros menos?
Salvo, claro está, que ese Gobierno no se esté pensando en lo que necesita el Estado y la población a la que
sirve, sino lo que le exigen intereses extranjeros o particulares que actúan a la sombra incluso de los propios
agentes que, por lo que se ve, mantienen en ese Consejo de Ministros.
El anuncio del recorte responde también a una mentira que es bastante fácil descubrir.
Reducir los presupuestos de educación y sanidad en esa cifra tan extraordinaria no va a  contribuir decisivamente a reducir el déficit público.
Docenas de estudios empíricos han demostrado que una disminución del gasto público supone una caída
prácticamente inmediata y muy importante del Producto Interior Bruto, cuya magnitud depende del tipo de
economía y de las partidas concretas en que se materialice pero que en el caso español y dándose en materia de educación y salud podría ser de entre el 60 y el 75 u 80%. También sabemos que al caer el PIB disminuye
lógicamente la recaudación impositiva porque hay menos actividad económica, menos beneficios, menos sueldos y menos transacciones que gravar. La magnitud final de esta disminución también depende de diversas circunstancias (de la estructura impositiva, del peso de los impuestos en el PIB) pero no sería exagerado decir que en un país como España la disminución del PIB producida por un recorte de 10.000 millones de euros en el gasto en sanidad y educación podría suponer una disminución de más de 4.000 millones en los ingresos fiscales del Estado. Y no solo eso, sino que al aumentar el desempleo, aumentarán los subsidios del paro y posiblemente otras transferencias a las familias, en una cantidad más difícil de estimar pero que seguramente no fuese inferior a 1.000 o 1.500 millones de euros.
Es verdad que, al disminuir la provisión pública de servicios de educación y salud que conlleva ese recorte, un
determinado porcentaje de la población optaría por adquirirlos en el sector privado, de modo que el efecto que acabo de señalar ser vería compensado, aunque es evidente que no sería realista pensar que lo hiciera en la misma magnitud. En definitiva, y dejando aparte el efecto distributivo y la connotación ética que sin duda tendría el recorte, lo cierto es que su efecto final sobre el déficit es bastante más reducido del que pretende alcanzar el gobierno. Digamos que aunque es buena noticia para los proveedores privados de servicios educativos y sanitarios, es una medida que seguirá siendo insuficiente para los especuladores que lo que están haciendo es apostar con ventaja y a tiro fijo sobre el hecho evidente de que con estas políticas de austeridad (y con formas de actuar como las del Partido Popular en la oposición y en el gobierno) no se va a poder reducir decisivamente el déficit público español.
Y es precisamente esta última circunstancia la que me lleva a una consideración final, pero que no es la menos
importante. La actuación del gobierno me parece que supone una auténtica traición a la Nación a la que debería defender. ¿Para qué diablos sirve que nos gastemos miles de millones de euros en el Ministerio de Defensa si resulta que los verdaderos ataques que sufre nuestra población no vienen de fuerzas militares sino de los mercados, y nuestros gobiernos, en lugar de hacerles frente para defenderla, se pliegan ante ellos de manera tan cobarde?
Se podría argumentar con razón que recurrimos a los mercados para financiar nuestros gastos (e incluso que
algunos de estos han sido innecesarios e injustificables y que nuestra economía necesita reformas profundas para evitar que se repitan en el futuro) y que es lógico que los mercados sean los que impongan entonces sus
condiciones pero ¿hemos de aceptar sin más que los grupos financieros que dominan los mercados los manipulen para alzar artificialmente el precio de la deuda o que impongan los derechos que puedan o no disfrutar nuestros ciudadanos y las medidas de política económica que ha de adoptar nuestro gobierno?, ¿no han generado así una deuda odiosa e ilegítima a la que tenemos el derecho de repudiar?, ¿no tienen nuestros gobiernos el deber moral y político de denunciar lo que está ocurriendo, de reclamar a las autoridades europeas que igualmente la condenen y la repudien, en lugar de limitarse a aceptar los dictados de los terroristas financieros? ¿Debemos limitarnos sin más a pertenecer a un club que permite que eso suceda, que nos arruina y que institucionaliza el saqueo de las arcas públicas por los bancos y los especuladores privados, como sucede cuando se permite que el Banco Central Europeo prácticamente regale a los bancos todo el dinero que quieran para que resuelvan sus quebrantos patrimoniales especulando y comprando deuda de los gobiernos dejando sin financiación a las economía, en lugar de que lo proporcionen a los Estados y estos garanticen el funcionamiento normal de las empresas y de la economía en su conjunto? Las enciclopedias y diccionarios dicen que traicionar a la Patria es colaborar o asociarse con elementos non gratos o enemigos defraudando así a los nacionales y perjudicando sus intereses, ¿no es evidente entonces que la traiciona el Gobierno que renuncia a defender la soberanía nacional y que daña a sus ciudadanos con tal de contentar a quienes dominan los mercados?

Beneficio Operativo = EBITDA

Para completar la entrada anterior referente a los beneficios del grupo Cirsa os colgamos una entrada de 2005 donde explica qué es el EBITDA.

La trampa del Ebitda

Jaume Llopis - 18/04/2005 en Cinco Días.

Profesor de IESE Business School (Universidad de Navarra) y profesor invitado en IPADE (México), San Telmo (Sevilla), AESE (Lisboa) y Escuela Internacional de Gerencia (Granada). Es miembro del consejo de administración de varias empresas europeas y latinoamericanas. Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona y MBA por el IESE. A lo largo de su trayectoria profesional, ha asumido puestos de alta dirección en Agrolimen, Moulinex, Carnation, Nestlé, Sarrió, Persan, AGF Unión-Fénix y Grupo Borges. Es experto en mercados de consumo y distribución en Europa, EE.UU. y Latinoamérica. Member of the Telefónica’s Disruptive Council.

El Ebitda se puso de moda al inicio de la época de la burbuja tecnológica, cuando las empresas se lanzaron a compras desenfrenadas, mediante apalancamiento, sin importar mucho el precio, siempre excesivo, que se pagaba. Era una época de búsqueda afanosa del crecimiento, de ganar cuota de mercado, como objetivo prioritario.
En mercados crecientes y en expansión no es una mala estrategia poner el énfasis en lograr crecer más o como mínimo igual que el mercado, a fin de poder tener una situación competitiva y estar entre los líderes del sector. Pero esto lleva, muchas veces, a crecer sin la suficiente rentabilidad y a poner a la empresa en una situación delicada ante cambios bruscos hacia coyunturas desfavorables.
Con el Ebitda (earnings before interests, taxes, depreciation, and amortization), es decir, dando el resultado sin tener en cuenta los intereses, los impuestos, la depreciación y las amortizaciones, se daban unas cifras presentables, sin que en la cuenta de explotación se viera el efecto siempre negativo del exceso de gastos financieros, y del aumento de las amortizaciones que las adquisiciones comportaban. Todo ello, pensaban los partidarios del Ebitda, será de sobra compensado en un futuro cuando el aumento de tamaño, y las economías de escala, mejoren el verdadero resultado.
Pero la burbuja tecnológica estalló y sigue habiendo muchos partidarios del Ebitda. En primer lugar, los que no han podido aún encontrar las sinergias suficientes para rentabilizar adquisiciones realizadas con deuda y a precios excesivos. En segundo lugar, aquellos que quieren disimular el excesivo endeudamiento de sus empresas, y, en definitiva, todos aquellos que no pueden dar un resultado neto positivo.
Pero, ¿qué empresa es la que no tiene gastos financieros, no paga impuestos ni tasas y no tiene depreciación y amortizaciones? Medir el resultado de una empresa mediante el Ebitda es una trampa, porque no refleja la verdadera rentabilidad de la empresa. Sin embargo, proliferan y sigue habiendo muchos partidarios de dar los resultados mediante el Ebitda, que a veces vemos traducido en nuestro idioma como 'resultado bruto de explotación'.
Por esto, a mis alumnos les prevengo, y les advierto que desconfíen cuando vean o lean que una compañía da sus resultados con estos parámetros, porque generalmente son compañías que pierden dinero.
El único verdadero resultado de una empresa es el beneficio neto después de impuestos, el puro y duro bottom line y, si me apuran, acepto el cash flow, ya que en realidad refleja los recursos que genera la empresa. Todo lo demás son trampas y artificios para confundir.
Y de ahí, que sea un firme defensor y practicante de lo que me enseñó hace años un antiguo jefe mío, cuya oficina central estaba en Los Ángeles. Me decía: 'Puesto que cuando yo trabajo tú duermes (por la diferencia horaria) y viceversa, tu objetivo es lograr un equilibrio entre el bottom line y el market share'. Es decir, el objetivo era lograr un bottom line (beneficio neto después de impuestos) razonable, junto con un crecimiento sostenido del market share (cuota de mercado).
Estoy firmemente convencido de que esta es la fórmula perfecta del equilibrio de una empresa, que asegura la rentabilidad y la supervivencia a largo plazo. Tan malo es ganar mucha cuota de mercado y tener pérdidas, ya que no es sostenible mucho tiempo, como malo es tener mucho beneficio neto e ir perdiendo cuota de mercado, porque, de seguir así, cada vez tendrás menos parte del pastel y al final sólo te quedará las migajas y con ellas sólo podrás generar pérdidas.
A veces, me encuentro con empresarios que me dicen: 'Estoy muy contento porque este año he aumentado mis ventas un 10%'. Y yo les pregunto: '¿Cuánto ha aumentado tu mercado?, porque si ha crecido un 15% no vas bien, ya que pierdes participación'.
En definitiva, considero que el Ebitda es una trampa, excusa, mayoritariamente, de las empresas que no tienen buenos resultados y que debemos asegurar el futuro de la empresa con resultados reales satisfactorios (beneficio neto después de impuestos o cash flow) al mismo tiempo que ganamos participación en nuestro mercado.

Si Roosevelt supiese de la reforma laboral de Rajoy

La nueva norma desampara al trabajador y espera de él que se porte como un héroe

Francisco Caamaño 13 ABR 2012 - 00:07 CET

Poco antes del día D y el desembarco aliado sobre la playa Omaha en las costas de Normandía, se celebró la XXVI Conferencia Internacional del Trabajo en la ciudad norteamericana de Filadelfia. El presidente Roosevelt decidió recibir en la Casa Blanca a los delegados de la Conferencia que acababan de aprobar una Declaración fijando los objetivos programáticos de la OIT. Roosevelt les dijo: "Creo rotundamente que las generaciones futuras la considerarán un hito en la evolución del pensamiento mundial". Hoy sabemos que la Declaración de Filadelfia, de 10 de mayo de 1944, fue decisiva para el advenimiento de la Carta de Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derecho Humanos.
Frente al aprovechamiento abusivo de las necesidades ajenas y el desprecio a la dignidad de las personas en nombre del empleo y la eficacia productiva, la Declaración de Filadelfia fue, sobre todo, una alternativa ética a los desmanes de la economía de mercado y de la sociedad industrial del momento.
En un mundo en crisis se abría paso la idea de que la equidad y la cohesión social —presupuesto de toda sociedad justa— no solo tenían que estar presentes en el momento de procederse a la redistribución de la riqueza, sino también en el de su creación. Por eso, el primero y más conocido de los principios de la Declaración proclama que “el trabajo no es una mercancía”.
El "valor del trabajo" jamás debe confundirse con "los costes salariales"; el dumping social por el empleo es una práctica que ha de ser proscrita por contraria "a la dignidad, a la seguridad económica y a la igualdad de oportunidades" que siempre deben condicionar el derecho de todo ser humano a "perseguir su bienestar material". Y finalmente, en nombre de la libertad individual, la ley nunca debe amparar la imposición por el empleador de las condiciones de trabajo o consentir modificaciones unilaterales de la relación laboral.
La reforma laboral de Rajoy desconoce tan elementales principios. Introduce el despido sin causa justificada, permite al empleador bajar unilateralmente los salarios y cambiar las condiciones esenciales de trabajo alegando motivos económicos vinculados a la producción; y, por si no fuera suficiente, también le indica el camino a seguir para "descolgarse" con comodidad del convenio colectivo.

Reformar no es adecuar la ley a una realidad económica socialmente injusta

Cuando el empleo es un bien muy escaso, los contratos de adhesión encubren formas modernas de esclavitud. Te doy de comer, luego calla. La dignidad en el trabajo no es posible sin el reconocimiento de los principios de libertad en la contratación y de diálogo y negociación de las circunstancias sobrevenidas. La reforma sustituye la libertad en el trabajo por la vieja y peligrosa idea del trabajo como presupuesto para la libertad.
Con el nuevo marco legal el empresario puede modificar unilateralmente las condiciones esenciales del contrato, incluido el salario, de suerte que al trabajador solo le queda o bien pedir su extinción y cobrar una indemnización que la reforma notoriamente reduce; o bien acudir al juez —opción que se convierte en una carga muy gravosa al suprimirse los salarios de tramitación para el despido objetivo—; o, por último, resistir en la humillación, consciente de que en un contexto de grave desempleo la dignidad no da de comer a la familia. La ley no solo desampara al trabajador sino que espera de él que se comporte como un héroe.
En una economía abierta los convenios colectivos evitan la competencia a la baja en las condiciones de trabajo y, por tanto, el abaratamiento especulativo de los derechos de los trabajadores. Sin negociación colectiva, la igualdad y la seguridad en el trabajo serían una quimera. Nuestros constituyentes lo sabían y, por eso, lo garantizaron. A pesar de todo ello, la reforma autoriza al empresario a “descolgarse” del convenio en materias fundamentales para los trabajadores (rendimiento, cuantía salarial, jornada, horarios…) sin contar con su consentimiento.
Un último ejemplo: si la relación de trabajo tiene por límite la dignidad, ninguna ley debe situar a un trabajador ante el dilema de tener que elegir entre poner en peligro su salud o arriesgar su empleo. La reciente reforma laboral así lo hace, al considerar causa de despido dos bajas justificadas por enfermedad que sumen nueve días en dos meses.
La derecha española sostiene que medidas tan regresivas son imprescindibles para hacer frente a la dramática situación de nuestro mercado de trabajo. Por su parte, las autoridades económicas europeas ven oportuna la reforma a sabiendas de que su fin último es abaratar los salarios, lo que —en su liberal criterio— es imprescindible para que España evolucione en la línea más conveniente para solventar los problemas vinculados a la deuda soberana que padecen los países de la zona euro.
¿Se imaginan un Gobierno que derogase mediante decreto ley las normas que impiden la usura y los préstamos abusivos, porque concurre una circunstancia económica excepcional que obliga a favorecer el consumo y potenciar la libertad de contratación en el mercado del crédito?
Reformar no es adecuar la ley a una realidad económica socialmente injusta. Reformar es reaccionar frente a la injusticia. Franklin D. Roosevelt lo sabía.
Francisco Caamaño es catedrático de Derecho Constitucional y diputado del Grupo Parlamentario Socialista.

El problema es mayor que el 1%. Es el 10%

12 abr 2012, www.publico.es
Vicenç Navarro

Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

Una consecuencia de las políticas neoliberales llevadas a cabo en la mayoría de países de la OCDE desde la época del Presidente Reagan en EEUU y de Margaret Thatcher en Gran Bretaña, ha sido la enorme concentración de las rentas en aquellos países, alcanzando niveles desconocidos desde la época que precedió a la Gran Depresión a principios del siglo XX. Un caso claro es EEUU. En el año 1929, el 1% de renta superior de la población tenía el 24% de toda la renta del país. Las reformas New Deal introducidas por el Presidente Franklin Roosevelt (que es todavía hoy el Presidente más popular que ha tenido EEUU), que consistieron en el establecimiento de políticas redistributivas, en la introducción de políticas sociales universales (como la Seguridad Social), en facilitar la sindicalización -que causó un gran aumento de los salarios-, así como en el aumento del gasto público en inversiones en la infraestructura del país, -creando gran cantidad de empleo- determinaron una reducción muy notable de tal concentración de las rentas y riquezas. Las políticas redistributivas se mantuvieron durante el periodo 1934 a 1978. Incluso durante la administración Republicana del Presidente Eisenhower, el 1% superior de la población (los súper ricos) pagaron en impuestos por sus ingresos casi un 80% de su renta.

Tales políticas cambiaron desde el establecimiento del neoliberalismo, a partir del Presidente Reagan, introduciéndose medidas opuestas a las realizadas en la época anterior. La progresividad fiscal se diluyó, los programas de carácter universal se redujeron y los sindicatos fueron debilitados como consecuencia de intervenciones públicas (tales como la desregulación de los mercados laborales) que determinaron, de nuevo, una enorme concentración de las rentas, alcanzando su máximo de nuevo en el año 2008, cuando poseyeron de nuevo el 28% de la renta nacional. Esta enorme concentración de las rentas creó un problema económico mayor. Esta concentración se consiguió a base de la reducción de las rentas del trabajo, creando con ello un problema de demanda de mayores proporciones. Como había ocurrido en los años veinte del siglo XX, la polarización de las rentas en aquel momento causó la Gran Depresión, de una manera semejante que ahora esta concentración ha originado la Gran Recesión.

Este 1% de la población es el que consigue sus ingresos predominantemente de las rentas del capital y tiene un enorme poder financiero, empresarial, mediático y político, pues controlan los medios de financiación, de producción, de información y difusión, con la complicidad del Estado, cuyas políticas han facilitado tal concentración. De ahí que el movimiento Occupy Wall Street en EEUU los señale, con razón, como los responsables de la crisis financiera y económica. (Es interesante subrayar que es un indicador de la enorme influencia mediática y política de los súper ricos que la concentración de las rentas y de las riquezas como causa de la Gran Recesión apenas aparece en los medios).

Ahora bien, hay que concienciarse de que por mucho poder que tenga este 1% (y lo tiene, y mucho), su poder se apoya en una parte de la sociedad (otro 9%) cuyas rentas dependen de la existencia de este 1%. Es decir, el 1% es parte del 10% de renta superior que consigue amplios beneficios de esta concentración de la renta. Este 10% controla hoy el 52% de toda la renta de EEUU, habiendo seguido una evolución semejante que la del 1% descrito anteriormente. En 1928 tenía el 52% de la renta. Bajó hasta el 32% en 1978, para subir de nuevo al 52% en el 2008.
El problema, pues, no se limita al 1%, sino al tope 10%, que incluye a los profesionales al servicio del sistema financiero, económico y mediático del país y de cuyos servicios obtienen enormes beneficios.

Entre este 10% están todos los que dirigen las instituciones reproductoras del sistema financiero, económico y mediático, y cuyo poder de reproducción de valores y promoción de imágenes (como es la promoción de la postura de que no hay alternativas a las que el establishment propone) es vital para la permanencia del sistema. Hoy tales instituciones tienen un dominio sobre el Estado y una hegemonía sobre los aparatos culturales e ideológicos que facilitan tal control. De ahí que, aún cuando los que “mandan” en la sociedad son sólo un 1% de la población, este mando no puede ocurrir sin este otro 9%, sumando un 10% que no va a ser fácil de cambiar.

Ahora bien, hay que ser también conscientes de que la gran mayoría de la población hoy sabe quiénes son los responsables y su movilización puede forzar este cambio. Según las últimas encuestas realizadas en EEUU, la mayoría de la ciudadanía (que varía según la encuesta de un 68% a un76%) no cree que la economía funcione para el bien de todos, y una mayoría semejante no cree que el Congreso de EEUU represente sus intereses. Un tanto parecido ocurre en la gran mayoría de países de la OCDE. Concretamente, en España, la mayoría de la población no cree que la economía esté funcionando para el bien de todos o que la clase política responda a sus intereses. La causa de esta alienación política es fácil de ver, aún cuando sea difícil leerlo u oírlo en los mayores medios de información: la enorme concentración de las rentas y de las riquezas en un sector minoritario de la población (no más de un 10%) y su excesiva influencia política y mediática en nuestras sociedades. Y la población es consciente de ello. De ahí el enorme temor y represión del sistema hacia estos movimientos sociales, como el movimiento 15-M en España o el movimiento Occupy Wall Street en EEUU que, continuadores de movimientos contestatarios como los sindicatos y otros movimientos sociales, critican al sistema, subrayando la falta de coherencia entre discurso y narrativa oficial pro democrática del establishment político y mediático del país por una parte, y la realidad profundamente antidemocrática que aparece en sus prácticas cotidianas y en sus políticas públicas, todas ellas llevadas a cabo sin ningún apoyo o mandato popular.

EVOLUCIÓN DE UNA MULTINACIONAL CATALANA

Cirsa mejora su beneficio por el tirón del negocio del juego en Latinoamérica e Italia

El beneficio operativo de la compañía en el 2011 fue de 290 millones, un 11,5% más que en el 2010

La compañía especializada en el negocio del juego y el ocio Cirsa Gaming Corporation registró en el 2011 una mejora de su beneficio operativo del 11,5%, con lo que llegó a los 290 millones. El buen resultado de los casinos y bingos de Cirsa en Latinoamérica e Italia fue la clave de la consecución de esta mejora a pesar del momento complicado del sector en España.

Cirsa asegura que ha consolidado su posición como primer operador de casinos en Latinoamérica después de llevar a cabo importantes inversiones como la inauguración de dos casinos en Panamá y la adquisición del primer bingo en la provincia de Buenos Aires.

El casino de Valencia

En España, la compañía ha situado el casino de Valencia como el tercero del país con 265.000 visitantes anuales. Además, la empresa presidida por Manuel Lao ha conseguido un 57% de participación en la venta de máquinas de juego en la hostelería.
Para el 2012, Cirsa prevé un "entorno económico difícil y complejo" en el que continuará con su estrategia de rentabilizar sus negocios actuales junto a "inversiones selectivas ejecutadas con el máximo rigor".

Aleix Saló

Os recomendamos que visitéis la página de Aleix Saló, una muestra de que los jóvenes también tienen algo que decir respecto a la situación actual.

http://www.aleixsalo.com/